Panamá ante el reto de la inclusión: cuando la ley no alcanza para romper barreras

Panamá

Experiencia de vida: un ejemplo en primera persona

En las bulliciosas calles de la ciudad de Panamá, entre el calor o la lluvia característicos del trópico panameño, donde el tráfico y la rutina diaria parecen no dar tregua, nos encontramos con Daniel Martínez, un hombre de 44 años que, disfruta de su entorno, el paisaje, la naturaleza y el crecimiento arquitectónico de su país. Sin embargo, en muchas ocasiones estos espacios se transforman en elementos de cautiverio para una persona con discapacidad física. 

Daniel vive atrapado en una especie de paradoja: ama moverse por su ciudad, pero esa urbe no siempre está lista para recibirlo. Hace 23 años, un accidente —del que prefiere no hablar— marcó su vida para siempre. Una lesión cervical semicompleta le arrebató la movilidad de las piernas y limitó parcialmente el movimiento de sus brazos y manos. Sin embargo, su espíritu nunca quedó inmóvil.

Cada mañana, Daniel se enfrenta a una rutina que para otros pasaría desapercibida: planear cuidadosamente cada desplazamiento, revisar las rutas, considerar si los ascensores están operativos, si las rampas no están bloqueadas, si los espacios que quiere visitar tienen, efectivamente, la accesibilidad prometida. “Siempre hay algo nuevo que aprender”, dice con una media sonrisa, mientras maniobra su silla de ruedas con destreza por las estrechas aceras. El peatón suele encontrarse en las aceras de esta capital, con postes de energía eléctrica en la mitad del camino, vallas publicitarias, vehículos mal estacionados o alcantarillas sin tapas. “Siempre encuentro obstáculos nuevos”, agrega. 

Graduado en medios de comunicación y especializado en plataformas digitales, Daniel se ha convertido en un símbolo silencioso de independencia y resiliencia. Su día a día es una demostración de que la accesibilidad no es solo cuestión de infraestructura visible, sino también de mantenimiento, de compromiso, de voluntad colectiva.

“En Panamá todavía hay mucho por hacer para que las calles y los edificios sean verdaderamente accesibles”, reflexiona. Y mientras habla, mientras el ruido de los autos y los cláxones retumba alrededor, se entiende que su historia no es solo personal: es también un reflejo de lo que una ciudad le debe a todos sus habitantes.

 

Qué dicen las normas 

El marco normativo panameño para eliminar barreras arquitectónicas inició formalmente en 1998 con el Acuerdo Municipal N.º 19, que establecía lineamientos para diseñar espacios públicos y edificios accesibles en el distrito de Panamá. Un año después, este acuerdo se incorporó a la Ley N.º 42 del 27 de agosto de 1999, un primer paso para generalizar estas normas a nivel nacional.

La Dirección Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) junto a organizaciones de la sociedad civil, trabajó en la reglamentación que tomó forma en el Decreto Ejecutivo N.º 88 del 12 de noviembre de 2002. Posteriormente, en 2016, la Ley 15 reformó y actualizó las disposiciones anteriores, estableciendo un marco más robusto para garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Sin embargo, tener la ley escrita no garantiza su cumplimiento. Las barreras económicas, culturales y técnicas han limitado la implementación real de estas normas. La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), creada en 2007, ha sido un actor clave en la promoción y fiscalización de estos derechos, poniendo a disposición manuales y guías de accesibilidad para diseñadores, urbanistas y constructores. Pero como recalca Jorge Villalba, asesor legal de Senadis, “Aunque existe un marco normativo amplio, necesitamos fortalecer la fiscalización e implementación”.

“La legislación es integral”, resume Villalba. Tanto en el aspecto público como en la parte privada, los espacios de acceso deben garantizar el respeto del derecho a la persona con discapacidad, tal como lo planteó el filósofo alemán Martín Heidegger: “La construcción no se limita a la creación de estructuras físicas, sino que también implica la creación de un entorno existencial, un espacio para la vida humana”. En este sentido, para alcanzar los objetivos, los actores sociales deben asumir el compromiso y la responsabilidad de implementar la norma. 

La existencia de leyes como la Ley 15 y la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad son pasos importantes, pero en la práctica, la falta de sanciones efectivas y la multiplicidad de normas y decretos limitan su impacto. “Tenemos como visión poder crear un texto único que recopile toda la normativa de la persona con discapacidad y poder de esa manera fusionar en un solo documento legal toda la normativa», añadió Villalba.

Según el funcionario, se trabaja en un documento borrador donde participan organizaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad, la Secretaría Nacional de Discapacidad, la sociedad civil y otros actores interesados en presentar la iniciativa ante la Asamblea Nacional, ente responsable de legislar sobre asuntos nacionales y proponer reformas a la constitución. 

 

Datos y relevancia de la población con discapacidad en Panamá

Los números reflejan la relevancia del tema: según la primera Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS 2006), la prevalencia de discapacidad en Panamá alcanza el 11.3% de la población total, es decir que hay 370.053 panameños y panameñas con discapacidad, a la vez se describen las principales características socioeconómicas, demográficas, educativas, laborales, epistemológicas y sociales de dicha población.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020, Panamá cuenta con 173 mil personas que viven con algún tipo de discapacidad. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 16% de la población presenta alguna condición de discapacidad, lo que refuerza la necesidad de políticas inclusivas.

En 2024, se realizó una nueva encuesta que a la fecha se mantiene en proceso de tabulación para conocer sus resultados y poder generar una política pública más efectiva para la población con discapacidad. 

Pero detrás de cada cifra hay una historia, una mirada que inspira.

Keira De Gracia, periodista, licenciada en Recursos Humanos y máster en coaching profesional, es autora de un libro infantil sobre discapacidad, “La Gran Fiesta de Haley y sus Camaradas”. Diagnosticada con retinosis pigmentaria a los 14 años, Keira fue perdiendo la vista progresivamente. “La vida te cambia para siempre”, cuenta. “Tuve que asistir a rehabilitación, aprender a usar el bastón guía, a enfrentar una nueva manera de vivir”, agrega.

Keira, transmite fortaleza con solo verla, además afirma que  «La inclusión es un derecho, una necesidad y una oportunidad que debe ser comprendida por toda la sociedad».

Instituciones como el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y el Patronato Luz del Ciego han sido fundamentales para dotar a personas como Keira de herramientas prácticas: aprender a desplazarse, cocinar, barrer, usar tecnología asistencial. Sin embargo, el acceso a estas tecnologías aún es limitado en Panamá.

Mientras Keira reconoce que la tecnología ha sido clave para su independencia, también admite su temor a depender totalmente de ella. Daniel, por su parte, agradece contar con una silla de ruedas eléctrica, aunque la precariedad urbana le sigue imponiendo desafíos: rampas empinadas, ascensores dañados, obstáculos en las aceras, transporte público no siempre fiable. «Creen que no vale la pena invertir en accesibilidad», lamenta. «Piensan solo en cumplir la ley de manera superficial», añade.

 

El papel del urbanismo y el diseño inclusivo

El artículo 37 de la Ley 15 de 2016 es claro: “Toda construcción, edificación, diseño urbano y arquitectónico o infraestructura de cualquier índole (parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios de uso público), sus ampliaciones o remodelaciones, propiedades horizontales y otros, que impliquen concurrencia o brinden atención al público, deberán realizarse conforme a normas de diseño universal que respondan a los requerimientos necesarios para ser usados por las personas con discapacidad en equiparación de oportunidades”. 

Sin embargo, “La incorporación de principios de diseño universal en la planificación y construcción de nuevos espacios públicos requieren de una fiscalización más efectiva, terminar con las barreras arquitectónicas, adoptar las nuevas tecnologías asistenciales, que en la actualidad no están al alcance de todos”, afirmó el arquitecto y experto urbanista, Jorge Luis Pitalúa.

Advierte que, aunque Panamá ha avanzado en normativas, aún hay mucho por hacer en la infraestructura urbana, “No solo se trata de agregar rampas o colocar señalizaciones, el diseño inclusivo consiste en pensar en una ciudad más accesible para todos”, explica Pitalúa. “La infraestructura debe estar pensada para facilitar la vida de todos los ciudadanos, desde las aceras amplias, con señalización táctil y sonora, hasta las intersecciones con semáforos inteligentes”.

Cabe destacar que las escuelas, universidades, y diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos tienen un rol clave en la sensibilización de la población, “mediante la creación de campañas por una cultura de respeto, empatía y participación activa e inclusiva desde todos los sectores en vigilancia del cumplimiento normativo”, expresó el experto. Pero, para aquellos que incumplan, Panamá contempla sanciones: multas de $1,000 a $10,000.

Pero el verdadero cambio no se logra solo con castigos. Según Pitalúa, se necesita también de, recopilación de datos precisos, y colaboración entre gobierno, empresa privada y sociedad civil. 

 

Desafíos pendientes y recomendaciones

Panamá tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo regional de urbanismo inclusivo, pero requiere del compromiso de todos los actores de la sociedad para la construcción de un entorno más inclusivo y equitativo.

Es momento de cambiar la cultura “juega vivo”, respetar los espacios públicos para quienes dependen de un entorno accesible. El arquitecto Pitalúa propone algunas acciones:

1. Promover campañas de sensibilización y participación ciudadana activa, sobre todo en las presentes y nuevas generaciones de expertos en arquitectura y urbanismo sobre diseño universal y accesibilidad.

2. Robustecer la fiscalización del estricto cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

3. Fomentar la participación de organismos de defensa de los derechos humanos en la evaluación y planificación de proyectos urbanos y sociales.

4. Una adecuada recopilación de datos estadísticos para orientar nuevas políticas públicas efectivas.

 

La ciudad que todos merecemos

Construir un entorno accesible no es solo un deber legal: es una oportunidad de transformar la discapacidad en autonomía, de sumar talentos a la economía del país, de hacer de Panamá un ejemplo regional, destaca.

Keira lo resume así: “No vivimos en un mundo paralelo, convivimos como cualquier ser humano que habita este planeta, necesitamos un entorno más amigable e inclusivo, pero esto se logra cuando todos, sin excepción, mostramos interés verdadero por hacer los cambios necesarios” 

Por su parte, Villalba cierra con una reflexión contundente: “Las personas con discapacidad deben ser valoradas por su potencial y habilidades, no juzgadas por su condición. No se trata de subsidios ni limosnas, sino de abrir espacios que fomenten buenas prácticas en educación, empleo, salud y accesibilidad para mejorar la calidad de vida”.

Mientras Daniel avanza entre las calles desafiantes del país del Canal, empujado por su determinación, queda claro que la ciudad —y el país— todavía tiene un largo camino por recorrer para ser, realmente, de todos.

 

Por: Kenia Alonso / Periodista del Postgrado en ‘Periodismo 4.0’ © del Instituto de Investigaciones Aplicadas, IIAFEC, Panamá.