Iberoamérica.

Con unas 350.000 aplicaciones móviles para salud en el mundo, su desarrollo y popularidad crecientes suponen una oportunidad para sortear brechas de acceso a información y tratamiento en Latinoamérica, pero también un desafío técnico, ético y regulatorio, según expertos consultados por SciDev.Net.

Más de 90.000 de esas apps surgieron en 2020. Salud mental, diabetes y cuidado cardiovascular representan casi la mitad de las que están dirigidas a enfermedades específicas, según el informe Tendencias Digitales en Salud 2021, del Instituto de Datos Científicos Humanos IQVIA.

Estas apps fortalecen la prevención, ayudan a tomar decisiones informadas y llegan a grupos de difícil acceso, pondera la Estrategia Global para la Salud Digital 2020-2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, con su popularidad “aumenta también el riesgo de que los consumidores se vean expuestos a productos cuya precisión, fiabilidad y calidad no se han probado debidamente”, agrega también el reporte “La eSalud en la Región de las Américas: derribando las barreras a la implementación”, de la misma entidad.

A la hora de regular las aplicaciones, sugiere, los estados nacionales deberían hacer respetar tanto su soberanía como las diferencias socio-culturales, además de proteger a los ciudadanos de la desinformación, la comercialización de datos y violaciones a sus derechos.

“Aunque en América Latina ha habido un crecimiento importante en la penetración de la conectividad móvil, el acceso a teléfonos y relojes inteligentes, y el uso de estas aplicaciones por parte de toda la población, todavía son retos importantes”, plantea por correo electrónico Daniel Otzoy, asesor de HIMSS, organización orientada a mejorar la salud a través de tecnologías informáticas.

Otzoy divide a estas aplicaciones en dos grupos: las relacionadas con estilos de vida saludable y las que abordan problemáticas específicas, como hipertensión o diabetes. Estas últimas “son las que más incidencia tienen” en Latinoamérica, aunque “con la pandemia, las de salud mental han comenzado a tener mayor relevancia”.

“Emprendedores, empresas y universidades me han presentado apps para solucionar todo tipo de problemas, pero su valor es reconocido cuando son útiles y apropiadas para los equipos de salud o la ciudadanía”, plantea Cintia Speranza, experta en políticas públicas de salud digital y asesora del Observatorio m-Health de la Universidad de Quilmes (Argentina), que investiga y testea estos desarrollos.

“Es muy fácil generar una app y subirla a las tiendas de Apple o Android, pero hay cientos de miles que pueden afectar a la salud y no se controlan”, advierte por teléfono el director del Observatorio, Darío Codner.

En la evaluación reciente de una app para tratar la obesidad, por ejemplo, encontró indicaciones de dieta sin respaldo de evidencias. También comenta que muchas farmacéuticas están pidiendo a los profesionales que, además de prescribir sus medicamentos, sugieran a los pacientes el uso de aplicaciones asociadas.

El laboratorio “Roche es líder en estos desarrollos”, señala. “Su app para el control de la diabetes es buena, pero seguramente debe estar preguntándose si la ANMAT [organismo de control de medicamentos en Argentina] la va a regular en algún momento”.

Ante este panorama crecen los interrogantes sobre el manejo de la información de los usuarios. “Me atrevo a decir que un porcentaje importante de las apps basan su modelo en esos datos, que pueden ser usados para múltiples negocios paralelos, saltando el consentimiento informado”, coincide Otzoy.

Como desafíos adicionales, los expertos citan la compatibilidad de las apps en distintos sistemas informáticos, la baja implementación de historias clínicas electrónicas en la región y las habilidades digitales desiguales de la ciudadanía.

Las experiencias a nivel estatal son heterogéneas. En 2018, la Unión Internacional de Telecomunicaciones destacó una aplicación peruana basada en el entorno Wawared que mejoró la eficiencia en inmunización, odontología y salud mental en gestantes, y la mexicana Mi Salud, que las incentiva a adoptar hábitos saludables.

Speranza también elogia a Mi Argentina, que permitió acceder a los registros de vacunación durante la pandemia, facilitando el trabajo de enfermeras y los trámites para salir del país.

Otzoy, sin embargo, recuerda que en aquellos meses “muchas compañías ‘regalaron’ aplicaciones a gobiernos para registrar casos o hacer la trazabilidad de contactos, apropiándose de los datos de muchas personas”.

En 2020, la ONG Global Witness denunció que la aplicación guatemalteca Alerta Guate identificaba la locación exacta de sus usuarios al enviarles información sobre la pandemia. Financiada por un multimillonario con intereses en ciber-inteligencia, podía aprovecharse para atacar a disidentes políticos o comercializar publicidad dirigida, según aquella organización.

“En América Latina somos meros consumidores; usamos las aplicaciones según lo que nos indican”, reflexiona Codner. “Es necesario intervenirlas de alguna manera, porque las empresas van a querer regularlo todo”.

Para democratizar el uso es indispensable implicar a desarrolladores, médicos, pacientes y políticos en el diseño, implementación y validación, apunta la OMS, que recomienda crear organismos especializados en supervisar la calidad del software y el empleo adecuado de los datos.

“La transformación digital es el nuevo paradigma de atención al ciudadano”, advierte Otzoy. Por eso resulta fundamental avanzar sobre la regulación y las inversiones que aseguren que nadie quede fuera del sistema, evitando así ampliar aún más las brechas de acceso, calidad y costos que caracterizan a la región más desigual del mundo.

Por: Pablo Corso

Para América Latina y el Caribe de SciDev.Net