Guadalajara, Jalisco.

Miguel Ángel fue internado por COVID-19 por dos semanas en junio del 2020. Tenía un seguro médico privado que no le valió por sufrir diabetes, una condición previa que anula la cobertura de COVID. Le daba miedo ir a un hospital público, varios de sus amigos habían muerto a las pocas horas de entrar.

En total, Miguel Ángel se gastó medio millón de pesos, es decir 25 mil dólares. Mientras estuvo internado, su esposa vendió los dos coches que tenían e intentaron empeñar su casa.

Según datos oficiales, el 40 por ciento de la población mexicana hospitalizada por COVID-19 recurrió a servicios privados. Lo anterior, disparó los precios de esta atención en 5 mil dólares respecto al 2020 hasta superar los 25 mil dólares en promedio.

La saturación de los hospitales y la falta de personal e insumos médicos acentuó la desconfianza hacia el sistema público. En teoría, una sanidad gratuita pero que dejó a millones de personas en un limbo.

Así lo explicó Carolina Gómez, consultora en salud pública: “Por meses, hubo muchas confusiones tanto para los beneficiarios, como para los prestadores de servicio. Eso provocó que la gente desembolsará dinero”.

Para evitar el congestionamiento de los hospitales, para esta cuarta ola de COVID, el gobierno mexicano creó los Macromars: 68 módulos de atención ambulatoria a las afueras de los hospitales o recintos deportivos. Dar una atención más ágil es uno de los objetivos de estos módulos.

La pandemia ha dejado más de 309 mil muertos en México y también a miles de hogares empobrecidos. Miguel Ángel es abogado, pero tuvo que pedir prestado a muchos conocidos y tardó meses en devolver los préstamos. Mientras la clínica amenazaba con sacarlo si no abonaba los mil dólares diarios por noche de hospitalización.

En muchas familias el COVID-19 significó arruinarse económicamente para salvar la vida. Con la pandemia, los mexicanos se han vuelto más sensibles a la atención sanitaria y la contratación de seguros médicos aumentó un 10 por ciento.