Iberoamérica.
Las concentraciones de plomo en sangre han disminuido considerablemente en las últimas décadas en todo el mundo, pero en América Latina –particularmente en Perú y México– la intoxicación por este metal pesado sigue siendo un fenómeno preocupante que afecta principalmente a la niñez.
Aunque el tetraetilo de plomo (TEL) ya no se usa como aditivo de combustibles para autos, otras fuentes de exposición causan un daño persistente al ambiente y la salud humana, como el consumo de agua contaminada de cañerías viejas, las baterías ácidas, ciertas pinturas, los incendios, la quema de residuos e incluso el avgas (gasolina con plomo usada en la industria aérea), detalla un artículo que se publicará en la edición impresa de mayo de la revista Chemosphere.
Por su toxicidad extrema, la OMS clasifica al plomo como uno de las diez sustancias de mayor preocupación para la salud. En concentraciones elevadas puede generar cambios cognitivos y neuromotores, con unos 600 mil casos anuales de discapacidad intelectual en niños.
“Ellos lo absorben rápidamente y pueden nacer con déficit de desarrollo si sus madres han estado expuestas durante el embarazo”, explica vía WhatsApp Abel Gilvonio, asesor de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos de Perú, donde el tema resulta especialmente sensible, ya que más de 10 millones de personas (el 31 por ciento de la población) están expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas, según el propio Ministerio de Salud. De ellas, el 80 por ciento son niños de hasta once años.
“El plomo hace daño en todos los órganos, pero tiene una particular afinidad por el cerebro”, agrega la investigadora mexicana Mara Téllez Rojo, una de las autoras de un estudio que reveló que en 2020 el 17 por ciento de niños (1,4 millones) de entre uno y cuatro años de su país estaban intoxicados por ese metal. “Es un neurotóxico que genera problemas de comportamiento, atención y agresividad”, añade.
También se han reportado afecciones cardiovasculares, respiratorias, hepáticas, renales y reproductivas, e incluso efectos cancerígenos.
Tras la eliminación del TEL, hubo un rápido declive en los niveles atmosféricos globales, afirma en un correo electrónico Diego Lacerda, uno de los autores del trabajo de Chemosphere.
“Sin embargo, los millones de toneladas emitidos se depositaron en el suelo y siguen siendo una fuente de exposición” mediante su ingreso a la cadena alimentaria.
“En general, los países que más tardaron en eliminar el TEL son los que tienen poblaciones con mayores niveles de plomo en sangre”, explica.
En Latinoamérica, ese proceso comenzó en Brasil y Colombia (1991), para continuar en Argentina, Bolivia (1996), Ecuador, México (1997), Paraguay (2000), Chile (2001), Uruguay (2003), Perú y Venezuela (2005).
Después de África, Sudamérica es la región con las concentraciones más elevadas, en especial en Puerto Rico (10,6 microgramos por decilitro – μg/dl), México (10,5), Perú (8,7) y Uruguay (6,2).
Mientras que Estados Unidos considera que valores de 3,5 μg/dl ya ameritan una intervención, la Organización Mundial de la Salud sostiene que no existen niveles seguros.
Es importante que los países monitoreen la contaminación ambiental y humana”, plantea Lacerda, para quien “la prevención primaria es la forma de reducir la exposición”.
En 2017, una revisión de estudios sobre niños latinoamericanos sugirió que el porcentaje de menores en riesgo estaba subestimado. Este año, un reporte actualizado encontró que las concentraciones de plomo en sangre de esos niños excedían los límites recomendados en la mitad de los estudios evaluados.
Los niños con plomo de Perú y México
Durante más de medio siglo, la minera estadounidense Cerro de Pasco operó en el centro del Perú vertiendo plomo, mercurio y otros minerales tóxicos en el suelo y el agua, particularmente en la ciudad de La Oroya. Eso derivó en múltiples casos de leucemia crónica, aplasia medular severa y disminución del coeficiente intelectual.
La intervención de organismos internacionales de derechos humanos no ha sido suficiente para que el estado o la actual concesionaria (Volcan, de mayoría accionaria suiza) ofrezcan respuestas satisfactorias.
La Comisión Multisectorial creada en 2020 para abordar la problemática “no está en funcionamiento, pues se encuentra pendiente la aprobación de su reglamento”, explica Gilvonio, quien critica el reemplazo de expertos ambientales “por personal con poca trayectoria en el tema”.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo sigue reclamando la implementación de un sistema de información sobre la calidad de las fuentes hídricas y la reglamentación de una ley para fortalecer la atención de los afectados.
En México, la situación no es mejor. Según el estudio de Téllez Rojo y sus colegas, la mayoría de las madres de los niños intoxicados por plomo había usado durante el embarazo utensilios de loza de barro vidriado, tradición milenaria que, sin embargo, supone la principal fuente de contaminación del país.
“El esmalte con que se sellan las piezas es a base de plomo”, precisa la investigadora. Como no está completamente fijado, las altas temperaturas de los alimentos hacen que el plomo se libere y los contamine.
Ante ese panorama, el estado impulsa alianzas con diversas organizaciones para capacitar a los alfareros en la transición a esmaltes con metales inocuos, como el boro.
La investigadora también plantea la necesidad de indagar sobre otras fuentes de exposición, como la explotación de minas y el trabajo en fundidoras, ladrilleras, con soldaduras o pinturas.
A veces se combinan más de un factor, como en el caso de Puebla, donde la actividad del volcán Popocatépetl y la contaminación de la Presa de Valsequillo ha llevado a un alarmante 46 por ciento de casos.
A nivel gubernamental “se podría hacer más”, reconoce Téllez Rojo. “En noviembre de 2019 se aprobó un programa para atender el problema, pero se detuvo por la pandemia. Queremos que se retome, ya que actualmente no hay un sistema que vigile el plomo en sangre y atienda a los damnificados”.
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