Cerca de 300 mil indígenas peruanas, víctimas de esterilización forzada en 1990

Perú.

Estas mujeres libran una difícil batalla en Perú. Denuncian que fueron esterilizadas a la fuerza en la década de 1990 en el marco de una práctica promovida por el gobierno de Alberto Fujimori. Muchas, como Florentina Loayza Cárdenas, son indígenas. Ella fue esterilizada a los 19 años, tenía un bebé de pocos meses y apenas hablaba español cuando aceptó ir al centro de salud a recoger víveres ofrecidos por personal estatal. Pero allí recuerda que junto a otras indígenas les pusieron suero, las durmieron y cuando despertó con una herida, le informaron que le habían operado para no tener hijos.

“Y así, la vida para mí no es fácil, hasta ahorita no es fácil porque no es como tener hijos, varios hijos, unos tres hubiese tenido, pero no uno y se me hizo rebelde porque su padre se fue la casa diciendo que yo me había esterilizado sin su consentimiento para estar con otros hombres”, contó Loayza Cárdenas.

Según el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, esta fue una práctica sistemática que vulneró a unas 300 mil mujeres, lo que representa el mayor caso de esterilizaciones forzosas documentado en América Latina. Los expertos denuncian que más que un programa de planificación familiar, se quiso impedir que las mujeres más pobres se reprodujeran. Tres décadas después, son miles las peruanas que reclaman justicia.

“Yo quisiera que el gobierno nos repare, que vea nuestra salud, más que nada nuestra salud porque estamos bien, claro, de cara nos ves bien, pero interiormente nos estamos secando. Este dolor ya no es ya no es normal. Cada momento te duele, no puedes alzar peso, prácticamente ya eres inservible”, detalló Florentina.

Las víctimas relatan años de dolor y todo tipo de daños causados por la esterilización. “Yo sufrí mucho a raíz de esta esterilización porque yo quedé con úlcera en el útero”, dijo Meriluz Guzmán.

María Elena Carvajal cuenta que cuando dio a luz a su cuarto hijo a los 26 años, los médicos le dijeron que si quería ver a su bebé debía someterse a una ligadura de trompas porque ya tenía muchos hijos. Su esposo no le creyó que había sido contra su voluntad. “Al día siguiente agarré mis cuatro hijos y prácticamente me tuve que escapar de la casa de mi suegra e irme a la casa de mi mamá con dolor y sintiéndome culpable muchos años de esto, pensando que había sido mi culpa como muchas de nuestras compañeras que se culpaban”, expresó Carvajal.

Ahora a los 55 años, Carvajal dirige una organización de mujeres víctimas de la política pública. “La reparación no es lo económico, sino la satisfacción de ver que la justicia va a dar y que se va a dar a las mujeres en vida y no esperar que sigan muriendo más mujeres”, apuntó Carvajal.

En un fallo de 2023, la justicia peruana reconoció que las esterilizaciones involuntarias fueron una política pública y ordenó al estado indemnizar a las víctimas y garantizar su acceso a la salud, pero la sentencia no ha sido acatada.

Hasta ahora más de 7 mil mujeres están inscritas en el Registro Estatal que identifica las víctimas, y según la fiscalía, solo 3 mil casos están en investigación preliminar.