El reto de descarbonizar el transporte sin afectar finanzas públicas

Una investigación realizada en Costa Rica desarrolló un método para lograr que la eliminación paulatina de los combustibles fósiles en el transporte no afecte financieramente a los países, que recogen ingresos fiscales a través de impuestos que gravan, por ejemplo, la venta de esos combustibles, de los automotores y el servicio de transporte.

En particular, según estimaciones de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), en América Latina y el Caribe los ingresos tributarios relacionados con estos tres impuestos representaron en 2019 el 1,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En el caso de Costa Rica, el sector transporte —que es responsable del 51 por ciento de las emisiones de GEI— y actividades relacionadas suponen el 20 por ciento de la recaudación tributaria del país, por lo que su transformación podría causar un impacto fiscal si no se toman acciones.

Por eso, el estudio publicado en la edición de febrero de Energy Policy subraya que el cambio tecnológico del transporte por carretera no es el único factor a considerar para lograr la descarbonización, esto es, llegar a cero emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 2050 y 2070. La investigación pone de relieve que, si se desea ser exitoso en esa transición, debe además analizarse el impacto fiscal negativo de la descarbonización y anticiparse a introducir estrategias compensatorias.

Descarbonizar el transporte es técnicamente posible en la actualidad en la mayoría de los países de la región a través de medidas como el aumento de los vehículos eléctricos, el fomento del uso de bicicleta, y el reemplazo de automóviles particulares por el transporte colectivo.

Ese objetivo se asocia a incontables beneficios socioambientales, pero también, según el estudio, implica una reducción de ingresos fiscales que usan los gobiernos para financiar sus erogaciones.

Para ofrecer una alternativa que no afecte el objetivo ambiental, los investigadores, que afirman que su trabajo es el primero en evaluar el impacto de la descarbonización del transporte en los ingresos fiscales, utilizaron un modelo que cuantifica los costos y beneficios financieros de la descarbonización del transporte para hogares, empresas de transporte y gobierno.

Compararon dos escenarios: uno donde el transporte se descarboniza y otro sin intervención. Luego evaluaron opciones tributarias para eliminar el impacto fiscal, como cambiar las tasas impositivas de propiedad e impuestos a la importación de vehículos, al combustible y posibles nuevos impuestos a la electromovilidad, hidrógeno y kilómetros recorridos por vehículos. Cuantificaron cómo se podría utilizar estas opciones para cerrar el impacto fiscal, y su incidencia en empresas y hogares.

Concluyen que una combinación de esas opciones puede mitigar los impactos fiscales y equilibrar los resultados distributivos para empresas y hogares. Destacan también que la metodología desarrollada puede ser útil para otros estados, países y regiones que aspiran a descarbonizar el transporte con sostenibilidad fiscal y beneficios económicos para empresas y hogares.

“El estudio muestra que hay diversas opciones para compensar las pérdidas en recaudación mediante ajustes en los impuestos (y) resalta que hay alternativas que podrían compensar la reducción en la recaudación sin causar impacto distributivo, es decir, afectación a hogares o empresas”, dice Jairo Quirós-Tortós, autor principal de la investigación, por parte de la Universidad de Costa Rica.

Señala que existe un potencial impacto fiscal si no se hacen ajustes, pero resalta que ese posible impacto “es mucho menor a los beneficios socioeconómicos de la descarbonización”.

Para Graham Watkins, jefe de la División de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la propuesta es viable y útil como insumo para Costa Rica. Destaca que en el estudio “la pérdida de ingresos fiscales por los impuestos a la gasolina y a los vehículos se compensa con la reducción de los costos en tiempo perdido en la congestión y los costos de salud por la contaminación del aire”.

El especialista, que lidera desde 2020 en el BID un equipo interdisciplinario de 80 especialistas de América Latina y el Caribe, dice que los países de la región están evaluando la mejor manera de aprovechar los menores costos netos de la descarbonización, incluido los cambios hacia la energía renovable y la electrificación del transporte, y que Chile, México, Argentina y Colombia ya tienen o están explorando sistemas tributarios basados en el desempeño ambiental de vehículos.

Desde ese organismo se desarrollaron iniciativas semejantes en Colombia, República Dominicana, Perú y Chile, además de Costa Rica, mediante herramientas de modelado de descarbonización de código abierto que evalúa los costos, beneficios y reducciones de emisiones en la economía.

“Hoy, los principales impulsores de estos cambios son la reducción de los costes, el aumento de la seguridad energética y la coherencia con los objetivos mundiales de bien público”, subraya Watkins. El mayor desafío es cómo involucrar a las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones, añade.

“La publicación describe un mecanismo que permite modelar los costos y beneficios de las decisiones fiscales para los grupos de interés específicos y, como tal, es una contribución esencial a la discusión sobre la descarbonización de la región”, afirma.