Para reducir el tráfico de vida silvestre es imperativo mejorar las capacidades, el conocimiento científico y la colaboración interinstitucional de los policías, quienes son la primera línea de atención para delitos ambientales, concluye un grupo de investigadores mexicanos en un estudio publicado en la revista Frontiers in Conservation Science.

El tráfico de especies es considerado el tercer delito de contrabando más grande del mundo, después del de drogas y de armas. Los datos más recientes de Naciones Unidas muestran que de 2015 a 2021 hubo más de 140 mil registros de incautaciones de especies silvestres notificadas en 162 países.

En el estudio, que se basó en entrevistas a policías de Tamaulipas, estado ubicado al norte de México, y con una fuerte presencia del crimen organizado, los investigadores revelan que la fuerza policial no está suficientemente entrenada para atender casos de tráfico de especies, especialmente cuando son animales exóticos en cautiverio que los grupos criminales mantienen en casas, ranchos o zoológicos privados.

Se trata de especies generalmente traficadas como “posesiones de lujo”: felinos (Panthera tigris, Panthera leo y Panthera onca), oryx (Oryx dammah), osos (Ursus americanus), venados (Odocoileus virginianus), monos araña (Ateles geoffroyi), cocodrilos (Crocodylus moreletii), entre otros.

 

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El autor principal del artículo, José Luis Carpio Domínguez, profesor investigador de criminología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, dijo a SciDev.Net que el tráfico de vida silvestre no está categorizado en México como un delito de alto impacto, por lo que en los operativos policiales contra el crimen organizado se le presta poca atención.

“La legislación es completamente antropocentrista. Se enfoca en regular las conductas que pueden poner en peligro a la vida, la seguridad y la integridad de las personas. Y eso es importante, no está mal, pero quedan fuera otras formas de violencia que no estamos acostumbrados a ver: violencia hacia animales, plantas, ecosistemas”, aseguró.

Esto tiene como consecuencia el desconocimiento por parte de los policías. “Conocen todo de robos, homicidios, y otros delitos, pero cuando se trata de lo ambiental no parece que tengan la información necesaria”, dijo Carpio.

Según el investigador, la policía podría atender cada caso en función de la especie. “Lo ideal es que pudieran diferenciar, por ejemplo, entre psitácidos (loros), guacamayas o cotorras, o identificar el loro cabeza amarilla del loro de frente roja, etcétera”. Y con ello, explorar su procedencia, determinar si se encuentra en peligro de extinción o si es ilegal tenerlo como mascota.

México no es el único país donde se da esta situación. En Brasil y Colombia también hay una fuerte presencia del crimen organizado que trafica animales salvajes.

“Aunque la legislación ambiental brasileña es muy densa y elaborada, la debilidad ejecutiva en algunas regiones, asociada a sanciones leves, genera que los traficantes y comerciantes de animales no se sientan intimidados y continúan desafiando la política general del país”, dice Clecia Pacheco, investigadora del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sertão Pernambucano, Brasil.

 

Otros datos

 

Brasil representa el 15 por ciento del contrabando mundial de animales. Por ello, dice Pacheco, es primordial la capacitación para policías “en el área de ciencias sociales (derecho, por ejemplo); en ciencias biológicas (biología, ecología, botánica); en ciencias de la tierra (geografía física, cartografía, teledetección y geoprocesamiento); y en ciencias de la salud (medicina veterinaria, etc.), entre otras”.

En Colombia, Claudia Isabel Brieva Rico, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia y coordinadora de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres URRAS, destaca que “el personal policíaco rota mucho y se pierde la experiencia ganada”. “Se requiere mayor formación, pero, ante todo, menos rotación del personal para que puedan especializarse en el tema ambiental”, aseguró a SciDev.Net.

“La policía en Colombia tiene grupos especializados, por ejemplo, policía de infancia y adolescencia, de turismo, etc., y los encargados del tema del control del tráfico de fauna son la Policía Ambiental y los Carabineros, entonces se debe capacitar a todos los miembros de la institución independientemente del grupo al que pertenezcan para que puedan actuar si ven que se comete un delito contra la fauna silvestre”, añadió.

 

Más allá de la policía

 

El control del tráfico de vida silvestre va más allá de las capacidades de los policías; también involucra la falta de presupuesto, la escasez de personal para atender las quejas ambientales y la corrupción.

El mismo informe de la ONU destaca que la corrupción debilita los esfuerzos por desarticular y disuadir el tráfico de especies silvestres: “Esto va desde el soborno en los puntos de inspección a lo largo de las rutas comerciales para facilitar el paso de mercancías ilegales hasta la influencia a alto nivel en la concesión de permisos y las decisiones de la justicia penal”.

En su artículo, Carpio y sus colegas también destacan la corrupción, que “no sólo limita la aplicación de la legislación ambiental, sino que también impide que los casos de tráfico de vida silvestre se registren y documenten y permanezcan en cifras no declaradas”.

Brieva Rico dijo que a esto hay que sumarle un patrón emergente de comercio ilegal de especies a través de redes sociales. Así lo demuestra el nuevo reporte de la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) sobre el decomiso de casi 20 mil animales vivos, todos especies en peligro de extinción o protegidas, en una operación conocida como Thunder, con la participación de autoridades de 138 países.

Las autoridades “investigaron las actividades en línea y descubrieron sospechosos que utilizaban múltiples perfiles y cuentas vinculadas en plataformas de redes sociales y mercados para ampliar su alcance”, dijo la Interpol.

 

Sobre el tema

 

La Operación Thunder es un ejemplo claro de que la policía no puede actuar sola, y que la cooperación interinstitucional es indispensable. Por eso, para Carpio, “se deben fortalecer los canales de comunicación de la policía con ministerios públicos, autoridades aduanales y ambientales (…) Es claramente un trabajo en equipo”.

Para Clecia Pacheco, hay una variable más para controlar el tráfico de especies en la región: la sociedad. Este delito ambiental “podría reducirse a medida que la sociedad también adquiera conocimientos científicos (…) El 90 por ciento de los animales traficados llegan muertos a su destino”, así que necesitamos “una ciudadanía que comprenda la importancia de conservar los seres vivos y los ecosistemas”.

 

Por: Aleida Rueda vía SciDev.Net América Latina y el Caribe.