Pesca recreativa en Uruguay: más importante de lo que se cree

Un recorrido por las costas oceánicas de Uruguay es suficiente para notar que miles de personas pescan por placer en este país de tres millones de habitantes y unos 220 km de costa sobre el Océano Atlántico. Sin embargo, hasta ahora no se conocía la magnitud real ni el impacto económico, social o ecológico de esta práctica que equivale al 14 por ciento de las capturas costeras del país, superando el promedio global, de 12 por ciento.

Un estudio de investigadores uruguayos —que se publicará en enero en la revista Marine Policy— utilizó datos de encuestas online y de un programa de monitoreo nacional para estimar que unas 27.600 personas practican pesca marina recreativa (PMR) en el país.

Esta actividad se define como aquella que se realiza con artes de pesca de uso personal, sin fines de lucro para el pescador y con propósito de deporte, turismo, placer o entretenimiento.

Según la encuesta, la mitad de los participantes se reconoció como pescadores embarcados, mientras que el resto se dividió entre pescadores de costa y otras modalidades. La mayoría son hombres, casados, y 45 por ciento declaró tener estudios universitarios.

“Uno de los resultados que más nos sorprendió fue que la mayoría de los pescadores entrevistados llevaba muchos años pescando: 35 años en promedio”, dijo a SciDev.Net Martín Laporta, biólogo de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, y líder del estudio.

En casi todos los casos, agregó, los participantes “comenzaron a pescar cuando aún eran niños”. También destacó la intensidad de la actividad: en promedio, cada pescador recreativo sale unas 48 veces al año.

El estudio estimó además que la captura media anual por pescador es de 192 kilos, lo que en conjunto supera las 5.000 toneladas anuales.

“Los resultados contribuyen a dimensionar una actividad que suele ser subvaluada”, señaló a SciDev.Net Graciela Fabiano, también investigadora de la Dinara y coautora del trabajo. Ella resaltó la variedad de especies capturadas —88 en total— y la diversidad de carnadas empleadas: “registramos 21 variedades”, indicó.

En la quincena de especies más capturadas, el trabajo identificó la corvina blanca (Micropogonias furnieri) y la pescadilla (Cynoscion guatucupa), el sargo (Diplodus argenteus) y el pejerrey (Odontesthes argentinensis). Las dos primeras son muy frecuentes en los mercados locales y son plenamente explotadas en Uruguay, lo que conlleva períodos de veda para la pesca industrial según la Ley Nacional de Pesca (N.º 19.175).

Aunque en menor medida, el estudio también registró la captura de tiburones costeros como parte de la PMR. En particular, el tiburón de siete branquias (Notorynchus cepedianus), categorizado como vulnerable, y el tiburón tigre de arena (Carcharias taurus), en peligro crítico de extinción.

En Uruguay existe una ley nacional que define la pesca recreativa y un decreto que establece condiciones sobre las artes de pesca y prohíbe la comercialización de las capturas.

“No obstante, no existen regulaciones específicas para cada modalidad y arte de pesca, ni un sistema de licencias o permisos obligatorio. Tampoco hay medidas de gestión puntuales para especies con problemas de conservación, como los grandes tiburones costeros, la sarda y el pintarroja”, lamentó Laporta.

“Las capturas de la pesca recreativa y sus impactos sobre los recursos marinos no pueden seguir considerándose marginales […] es necesario tratar los recursos extraídos por esta actividad como una fuente más dentro de la evaluación de las especies”.

Marta Pujol Baucells, investigadora del Instituto Catalán de Investigación para la Gobernanza del Mar (ICATMAR), España

En otros países de la región, como Brasil, Chile y Argentina, existe un grado de regulación más avanzado que en Uruguay, que incluye licencias obligatorias, vedas biológicas y límites de captura, advierten los autores.

En Brasil, por ejemplo, existe la protección de la “piracema”, que es un fenómeno natural de migración de cardúmenes río arriba, durante la época de reproducción para desovar. En ese tiempo, entre noviembre y febrero, se prohíbe la pesca en gran parte del país.

Chile, en tanto, dispone de una normativa detallada sobre temporadas, tallas y artes permitidos, con licencias obligatorias y cupos de captura. En Argentina, la regulación combina la Ley Federal de Pesca con normas provinciales: aunque no hay licencia obligatoria a nivel nacional, hay exigencias en varias provincias, junto con la promoción de prácticas de pesca con devolución y conservación de especies, ejemplificaron Laporta y Fabiano.

“No se trata necesariamente de promover acciones restrictivas o punitivas, sino de anticiparse con buena información”, agregó Fabiano.

Los autores subrayan que comprender quiénes pescan, dónde y con qué resultados es clave para diseñar políticas que eviten impactos sobre las poblaciones marinas y permitan aprovechar los beneficios económicos y culturales de esta actividad.

Entre los principales impactos negativos de la pesca recreativa se cuentan la generación de residuos derivados de las carnadas y de las artes de pesca, como líneas, anzuelos y plomadas que se pierden en fondos marinos, donde pueden afectar a la fauna. Sin embargo, esta actividad también tiene beneficios económicos y sociales derivados del comercio en torno a la venta de insumos de pesca, del turismo y de la actividad social vinculada a una actividad muy arraigada en la cultura local.

Además, destacan el potencial de incorporar herramientas digitales, redes sociales y ciencia ciudadana para mejorar la recolección de datos y fomentar una gestión participativa.

Existen numerosas apps a nivel mundial usadas por millones de pescadores recreativos para contribuir a la colecta de datos sobre esta actividad y para aportar información para su gestión.

Laporta señaló que Fishbrain es una de las aplicaciones de pesca recreativa más utilizada, con más de 20 millones de usuarios en EEUU. Esta app permite registrar capturas, consultar regulaciones locales, acceder a mapas y predicciones de pesca, y compartir información con la comunidad, lo que hace que sea una herramienta clave para la colecta de datos mediante ciencia ciudadana.

Los expertos uruguayos destacaron la experiencia en Australia —uno de los países con mayor control y regulación para la pesca recreativa—, donde el Gobierno de Queensland desarrolló la app Qld Fishing 2.0 utilizada por millones de pescadores recreativos, que permite obtener estadísticas de sus capturas, identificar las especies capturadas, entre otras tantas funciones.

Catalina Guidi, del Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro de la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina), quien no participó en el estudio, consideró que esta investigación es un insumo fundamental para pasar “de percepciones a datos concretos” sobre una actividad que históricamente se pensaba que “no movía la aguja”.

Para la investigadora, que llevó adelante un estudio similar en la Patagonia argentina, el trabajo ofrece una línea de base robusta sobre la cual plantear medidas reales y efectivas: registros o licencias, tallas y cupos, vedas temporales, zonificación por uso, educación al usuario, integración con áreas protegidas y priorización de monitoreos donde el riesgo es mayor.

“En síntesis, el estudio ordena la discusión con evidencia y deja un esquema replicable para otros países y provincias de la región”, afirmó.

Marta Pujol Baucells, investigadora del Instituto Catalán de Investigación para la Gobernanza del Mar (ICATMAR), en España, también ajena a la investigación, dijo a SciDev.Net que los resultados del relevamiento en Uruguay muestran que “las capturas de la pesca recreativa y sus impactos sobre los recursos marinos no pueden seguir considerándose marginales” y que “es necesario tratar los recursos extraídos por esta actividad como una fuente más dentro de la evaluación de las especies”.

Pujol Baucells destacó el valor de modelos internacionales basados en la cogestión, como los desarrollados en Cataluña y Baleares, que “promueven espacios de diálogo, discusión y coordinación entre el sector recreativo, científico y la administración (…) para avanzar hacia soluciones consensuadas, realistas y aplicables”.