Desinformación y burocracia: el calvario de las brasileñas para acceder al aborto legal

Sao Paulo, Brasil.

Burocracia, falta de hospitales y desinformación. En Brasil, donde el aborto es legal apenas por violación, riesgo de muerte para la madre o anencefalia, las mujeres enfrentan una carrera de obstáculos para acceder a este servicio, en peligro ante los cada vez más influyentes movimientos evangélicos.

Una auténtica odisea que estigmatiza todavía más a mujeres como Benita (nombre ficticio), violada hace cinco meses, embarazada por su agresor y en busca de una solución después de que el hospital de su ciudad se negara a realizarle el aborto, según relata a EFE esta joven de 26 años.

Tan solo el 1,8 % de los municipios ofrecen el procedimiento y cuando se trata de abortos a partir de las 22 semanas de gestación hay apenas tres hospitales disponibles en todo Brasil, lo que obliga a realizar largos viajes y asumir los elevados costos de transporte.

Según describen a EFE organizaciones feministas, en ese puñado de centros hay además médicos que se niegan a llevar a cabo ningún tipo de aborto, ya sea por motivos morales o por el miedo a ser perseguidos.

El debate se ha reavivado después de que el Parlamento aprobara la tramitación de urgencia de una propuesta impulsada por la bancada evangélica que propone equiparar el aborto tras las 22 semanas de gestación al homicidio, con una pena máxima de 20 años de cárcel.

La iniciativa, que impondría a las mujeres una condena dos veces mayor que a los violadores, generó una amplia respuesta social y la oposición del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Ante el revuelo formado, la cúpula del Congreso pospuso su tramitación para el segundo semestre.

Revivir la violencia

Benita es uno de los muchos ejemplos de mujeres que viven un infierno para poder abortar legalmente en Brasil. Sostiene haber sido violada y embarazada hace cinco meses. El hospital de su ciudad, Altamira, en plena Amazonía, se negó a realizarle el aborto sin una denuncia, requisito no contemplado en la ley.

«Cuando acudí al servicio de violencia contra la mujer de la Policía, me dijeron que mi caso era muy extraño y que no me creían. Salí de comisaría sintiendo que quién estaba equivocada era yo», relata.

Ante las innumerables trabas, mujeres como Benita acaban recurriendo al aborto clandestino a partir de medicamentos sin garantías, poniendo en peligro sus vidas.

«Busqué por Internet y compré un té. Cuando lo tomé pensé que iba a morir, estuve un mes entero vomitando y sangrando. Pensé que había abortado, pero el test de embarazo continuó positivo», narra.

La judicialización del aborto

Benita entró entonces en contacto con la asociación Milhas pela Vida, que le ayudó a entrar en la Justicia. Sin embargo, se le ha denegado en primera instancia su derecho a abortar por «no considerar probada la violación». Juliana Reis, directora de la ONG, afirmó que van a recurrir.

Rebeca Mendes, la abogada y directora del proyecto Vivas, que auxilia a mujeres que necesitan acceder al aborto, defiende que los juzgados «no deberían ser un lugar para debatir esta cuestión».

«Hemos visto casos absurdos en los que el juez y la Fiscalía se alían para negar este derecho a niñas. Cuando ya se ha sufrido una violación, tener que enfrentarse a la Justicia, no es más que otra forma de violencia», sentencia.

El Ministerio de Salud reconoció a EFE que «la ausencia de una guía actualizada» sobre el acceso al aborto legal «es una barrera que precariza los servicios y dificulta» una atención «de calidad y segura». En la nota no ofreció ninguna medida para resolver el problema.

El presidente Lula, referente del progresismo latinoamericano, se ha posicionado personalmente contra el aborto y su Gobierno apuesta por dejar la legislación como está, es decir, con los tres supuestos permitidos.

Jóvenes y niñas, principales víctimas

Este rosario de dificultades ocurre además en un país donde la violencia sexual en la infancia es una lacra. En 2023, más de 12.000 niñas de entre 8 y 14 años fueron madres en Brasil. Solo otras 140 pudieron abortar, según datos oficiales.

Mendes señala que, cuando se trata de niñas, suelen «descubrir el embarazo muy tardíamente, cuando su barriga comienza a crecer».

Además, describe que en muchas ocasiones, los profesionales sanitarios les proporcionan «desinformación deliberada», enviándolas a la atención prenatal en vez de a los servicios de aborto.

En estos casos, organizaciones como Vivas o Milhas pela Vida ayudan a financiar los viajes a los tres estados del país que realizan abortos con más de 22 semanas. Mientras, Benita aún busca una salida al mismo tiempo que avanza su embarazo.