El Congreso de Panamá aprobó este viernes, en medio de protestas en las calles, un nuevo contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals para la operación de la mina más grande de Centroamérica.
Con 44 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, los legisladores dieron luz verde a un contrato que contempla ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares para el Estado panameño, diez veces más que el acuerdo anterior.
Además, la empresa canadiense se compromete a otras millonarias inversiones en las comunidades cercanas a la mina situada en la costa del Caribe, que da empleo a más de 8.000 personas.
La aprobación se produjo en medio de protestas convocadas por diversos sindicatos contra un contrato que permite a la minera operar en Panamá por 20 años, con la posibilidad de una prórroga por otros 20 años más.
Rutas de acceso a la Ciudad de Panamá fueron bloqueadas este viernes de manera intermitente, con quema de neumáticos y marchas contra un proyecto que consideran «leonino», «inconstitucional» y dañino para el medio ambiente.
En la víspera, manifestantes se enfrentaron en los predios de la Asamblea con piedras y objetos contundentes a la policía, que arrojó gases lacrimógenos para dispersarlos.
«Claramente ahí hay una entrega de la soberanía nacional» con un contrato que permitiría «crear un enclave» en las áreas donde opera la mina, señaló a la AFP Saul Méndez, secretario general del Suntracs, el mayor sindicato panameño.
Además, «los daños al ambiente son devastadores, la explotación a cielo abierto es de las más dañinas», agregó Méndez.
La minera y el gobierno panameño llegaron a un acuerdo este año para la firma de un nuevo contrato de concesión, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
La mina se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital panameña. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares y aporta el 4% del PIB a la economía panameña. Sus envíos, desde un puerto aledaño a la mina, representan el 75% de las exportaciones del país.
«Este proyecto de ley es beneficioso para el país, estamos ante la inversión privada más grande de la historia» de Panamá, dijo el jueves el diputado oficialista Roberto Ábrego durante el debate en el pleno.
«Este contrato es leonino y perjudica a la nación panameña (…) ahora nosotros estamos cediendo nuestro terriotrio como si fuera un enclave colonial», contestó este viernes la diputada Zulay Rodríguez.
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