Brasil.
La Justicia brasileña ha embargado desde marzo 95,6 millones de reales (unos 20 millones de dólares) en bienes de personas denunciadas por deforestar de forma ilegal la Amazonía, informaron este jueves fuentes oficiales.
La ofensiva judicial se enmarca dentro una iniciativa de la Abogacía General del Estado, que montó un «grupo estratégico» para proteger los ecosistemas del país suramericano, a instancias del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La cantidad bloqueada hasta el momento en los tribunales parte de cinco cautelares presentadas por los abogados del Estado con el objetivo de «obligar a los infractores ambientales a reparar los daños causados» a la naturaleza.
Tres de los procesos tramitaron en el estado de Pará y otros dos en Roraima, ambos situados en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta.
En total, la Abogacía General, que representa los intereses del Estado brasileño en el Poder Judicial, ya protocoló 34 demandas en las que pide el resarcimiento de 479 millones de reales (casi 100 millones de dólares) de deforestadores de la Amazonía y el Cerrado.
En el poder desde el 1 de enero, el presidente Lula se ha comprometido a acabar con la deforestación ilegal en la Amazonía hasta 2030, después de que los datos se dispararan durante la gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).
En los primeros seis meses de mandato del líder progresista, la deforestación en la Amazonía brasileña se redujo un 33,6 % frente al primer semestre de 2022, aunque creció en el Cerrado, la sabana brasileña, segundo mayor ecosistema del país.
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