México elimina interdicción, un avance para personas con discapacidad

México.

Ricardo es un joven de 34 años independiente, pero debido a su grado 1 de autismo la ley mexicana todavía lo ve como a un menor de edad. A finales de abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una nueva norma para eliminar la interdicción, una figura jurídica que determinaba que las personas con discapacidad no pueden valerse por sí mismas.

“Es como una muerte civil, quiere decir que una persona toma las decisiones por ti y toma el control de tu vida. Por lo tanto, ante la ley, ante la sociedad no puedes tomar decisiones. Por ejemplo, no puedes decidir dónde y con quién vivir”, expresó Ricardo.

Su familia siempre lo ha apoyado por eso pudo compartir piso con varios compañeros durante siete años, el tiempo que lleva trabajando en la biblioteca del Museo Soumaya.

Cuando nació les dieron un diagnóstico erróneo y el miedo hizo que al cumplir la mayoría de edad, optaran por interdictarlo. Sin embargo, se dieron cuenta que esa sobreprotección no le ayudaba en nada, al contrario limitaba su desarrollo personal.

“Porque no lo protegía de muchas cosas. Nosotros pensamos que lo iba a proteger de que alguien involucrara en algún ilícito, alguna situación y no, los jueces no tienen claro todas esas situaciones en México”, comentó la madre de Ricardo.

Un derecho de las personas con discapacidad

Desde hace una década Ricardo ha abanderado la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y logró que la Suprema Corte declarara la interdicción como inconstitucional. Ahora para implementar esa norma federal, deben reformarse los códigos civiles locales.

La abogada Aranxa Bello, es una de las impulsoras de esta iniciativa, creó el colectivo “Decidir es mi derecho” a raíz de la experiencia de su hermano con Síndrome de Down. Asegura que todavía existen resistencias, sobre todo notariales, para probar la propuesta en el Congreso de Ciudad de México, pionero para el resto de estados.

“Que todo el engranaje jurídico en nuestro país está construido sobre esta lógica, donde una persona con discapacidad mayor de edad, pues no puede tomar decisiones y lo hace un tutor. Y esto porque es más sencillo, en realidad es más sencillo que tú anules y excluyas a una persona a que proporciones los ajustes que tienes que proporcionar como una institución pública o privada”, explicó Bello.

Un paso histórico con cuestiones por definir

Estos ajustes significan entre otros, brindar un sistema de apoyo para hacer valer la voluntad de cualquier persona, no solo con discapacidad, sino también de adultos mayores otro de los grupos beneficiados. Esto implica la capacitación de jueces, el uso de comunicación inconvencional y sobre todo erradicar los estigmas entre el funcionariado.

Para uno de los portavoces de la ONG Human Rights Watch, Carlos Ríos, el nuevo código es un paso histórico pero falta un largo camino por delante.

“Hoy por hoy en México en la justicia civil todavía está prácticamente toda escrita y ahora lo que se prevé es un cambio, una mudanza hacia un sistema o una metodología de audiencias orales con los principios que son típicos de ese tipo de procedimientos”, dijo Ríos.

Los estados tendrán plaza hasta 2027 para realizar esos cambios, pero Ricardo ya se siente hoy más libre. El pleno reconocimiento de su capacidad jurídica lo convierte en una persona a ojos de la ley en lugar de un objeto, algo que para él ayudará a que la sociedad también lo vea y lo trate de forma digna.