Iberoamérica.
América Latina fue una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia de la COVID-19, con cerca de 65 millones de contagios y más de 1,6 millones de muertes. Sin embargo, actualmente es una de las menos activas en la búsqueda de acuerdos y consensos de cara al Tratado sobre Pandemias que preparan los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El tratado evitará que el mundo experimente nuevos episodios como el de la pandemia de COVID-19 que trajo tanta muerte y devastación, señala a SciDev.Net Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica e integrante del Panel para una Convención Mundial de Salud Pública (GPHC, por sus siglas en inglés).
Este panel, integrado por representantes de diferentes países y que se conformó durante los primeros meses de 2020, es uno de los tantos grupos que actualmente están discutiendo y delineando propuestas para el también llamado borrador cero que se espera esté terminado para 2024.
“Estamos procurando incentivar la acción colectiva y coordinada de los países de la región en torno al tratado. Para ello hemos llevado la discusión a diversos organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Organismo Andino de Salud”, agrega Chinchilla sobre la labor que realizan representantes de América Latina dentro del Panel GPHC.
Sin embargo, “hasta el momento la voz de América Latina en las negociaciones es incipiente”, reconoce Ricardo Matute, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Chile ante la OMS.
Aclara que, aunque actualmente la región mantiene una sólida postura en las negociaciones sobre el tratado, dentro de la OMS lo hace a través del bloque de las América junto a Estados Unidos y Canadá, que confrontan una realidad diferente a los países de habla hispana.
“Varios Estados hemos impulsado una coordinación informal latinoamericana, ahí empezamos Brasil, México y Colombia y ahora la mayoría de los países de la región están participando. No es que haya un bloque formado pero hay intento de llevar ciertos temas como grupo”, comenta a SciDev.Net via Zoom.
Patricia García, ex ministra de salud de Perú y también integrante del GPHC, coincide: “Tenemos una América Latina muy movida desde el punto de vista político y eso probablemente también nos afecta, pero tenemos que comenzar a pensar en nuestra región, cómo trabajamos en conjunto como bloque para poder organizarnos mejor”, asegura.
Una de las regiones que durante la pandemia actuó en bloque organizado, recuerda García, fue África, a través del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Por ejemplo, durante los primeros meses de pandemia el CDC dio a conocer un informe detallado del comportamiento del virus en la región y las acciones aplicadas hasta el momento y a futuro.
“Hay cosas que están faltando”, añade García –quien además es investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia–, como incluir con mayor claridad en las líneas de acción la rendición de cuentas antes y durante una crisis como la que generó COVID-19.
“Se necesita claramente que se pida rendición de cuentas de lo que hacen los países, y eso se lo puedes pedir si tienen recursos. Y si no tienen recursos, por lo menos, deberían tener un plan de qué es lo que quisieran hacer”, añade.
“A nivel global la idea es poder contar con fondos que puedan permitir a ese país, que ya tiene un plan, poder subir y mejorar su vigilancia y mejorar las condiciones básicas para poder tener una buena respuesta”, complementa.
Otros puntos objeto de negociación son reconocer la necesidad de generar apoyo financiero y técnico a los países menos desarrollados, que se promueva un sistema global que asegure el respeto a las disposiciones del Tratado y poner mayor atención a los sectores que se consideran en la primera línea de atención de los brotes de enfermedades con potencial pandémico.
¿Y el sector privado?
Uno de los temas que no está del todo claro en el documento publicado y en las mesas de discusión es el rol del sector privado, concretamente de la industria farmacéutica, tanto en el financiamiento como en el ámbito de investigación y desarrollo de conocimientos.
“En este momento dentro del documento no se está poniendo una responsabilidad específica ni hay mención sobre la industria, para nada. Yo no lo he visto y tampoco he visto comentarios hacia el sector privado o la industria. Creo que es porque existen muchas aristas en ese sentido, pero sí hay discusión acerca del tema de las patentes y de cómo se deberían manejar”, señala la ex ministra de Perú.
Matute comparte esta opinión y si bien señala que los Estados miembros han manifestado la voluntad de incluir al sector privado en las discusiones –no en las negociaciones–, para el funcionario aún no se ha encontrado la manera idónea para llevarlo a cabo.
“Hay que hacerlo porque al fin de cuenta las decisiones que vamos a tomar los Estados de alguna u otra manera las farmacéuticas son las que van a terminar implementándolas, o aceptándolas o no”, dice, y señala que existe una propuesta desde la Unión Europea para que las naciones asuman ciertos compromisos cuando firmen contratos con farmacéuticas y con empresas privadas.
En este panorama de negociaciones la estrategia chilena es tratar de tender puentes y llegar a compromisos. “El grupo africano tiene propuestas muy sólidas, también la Unión Europea, pero no se ha dado el espacio para que conversen, traten de construir compromisos para generar consensos y ahí es donde estamos tratando de jugar nosotros”, concluye.
Por: Daniela López para SciDev.Net América Latina y el Caribe.
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