Menos malaria en tierras Yanomami gracias a intervención estatal

São Paulo, Brasil

La intervención del gobierno brasileño en el territorio indígena Yanomami tras un severo brote de malaria demuestra que, con voluntad política, es posible fortalecer la atención primaria de salud, mejorar la vigilancia y la cooperación transfronteriza en comunidades nativas.

En enero de 2023, tras registrarse más de 20.000 casos de malaria, el gobierno brasileño declaró emergencia de salud pública en el territorio Yanomami, en los estados de Roraima y Amazonas.

La medida dio lugar a una serie de acciones, como el retiro de mineros ilegales y el desmantelamiento de su infraestructura mediante operativos policiales y militares; la reestructuración de los servicios de salud y el reforzamiento del personal sanitario para ampliar el acceso a diagnóstico y tratamiento. Asimismo, se distribuyeron alimentos de emergencia mediante puentes aéreos para garantizar una nutrición adecuada a las comunidades indígenas.

Todo ello resultó en una mayor detección de casos y reducción de hospitalizaciones y  mortalidad por la enfermedad, señala un estudio publicado en la revista Malaria Journal, que analizó los cambios en los patrones epidemiológicos de la malaria en Roraima antes (2021–2022) y después (2023–2024) de la intervención.

El estudio registró 117.214 casos de malaria entre enero de 2021 y diciembre de 2024, con un aumento significativo de la incidencia posterior a la intervención federal (65.004 casos) en comparación con el período previo (52.210).

El aumento refleja tanto una mejor detección de la enfermedad —resultado de la reapertura de puestos de salud inactivos, la ampliación del personal sanitario y el fortalecimiento del diagnóstico y tratamiento oportunos— como un incremento real de su propagación, asociado a años de abandono.

“El refuerzo del personal sanitario amplió la vigilancia y mejoró el acceso a diagnósticos, mediante la búsqueda de casos en las comunidades a través de pruebas masivas, incluida la evaluación de personas asintomáticas durante visitas domiciliarias”, señala Jacqueline Barros, investigadora del Núcleo de Control de la Malaria en la Secretaría de Salud de Roraima, coautora del artículo.

“Como resultado, en 2024, el número de pruebas diagnósticas aumentó 44 por ciento respecto de 2023”, precisa. En contraste, las hospitalizaciones por malaria pasaron de 787 en el período previo a la intervención a 638 en el posterior. El número de muertes se mantuvo estable (111 en total).

En territorio Yanomami, la intensificación de medidas de control vectorial, incluidas evaluaciones ambientales, eliminación de criaderos, acciones de saneamiento y fumigaciones intradomiciliarias para reducir la transmisión, fortaleció la respuesta sanitaria.

“Además, la presencia continua de áreas de minería ilegal en la frontera con Venezuela mantuvo activa la transmisión de la enfermedad en esta zona fronteriza”, añade Barros.

Esta actividad provoca cambios ambientales —como la apertura de excavaciones, que se convierten en criaderos de mosquitos, y la deforestación, que facilita el desplazamiento de estos insectos desde bosques hacia zonas pobladas— que aumentan la exposición de las poblaciones indígenas y tradicionales a la hembra del mosquito vector de la malaria.

“Los yanomamis enfrentan importantes desafíos en el acceso a la atención de salud debido a la presencia de mineros ilegales en sus territorios y a su aislamiento geográfico”.

Maria de Fátima Ferreira-da-Cruz, investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz, Brasil

El movimiento transfronterizo de garimpeiros (buscadores de oro) con Venezuela, Colombia y Guyana contribuye, además, a la reintroducción de los parásitos que causan la enfermedad en esas poblaciones.

Estos factores, sumados al acceso limitado a los servicios de salud, elevan el riesgo de casos graves y sostienen la transmisión continua de la enfermedad, manteniendo activa la propagación de la malaria en la región. No por casualidad, en 2023, los estados de Amazonas y Roraima concentraron las mayores tasas de incidencia de la enfermedad. El territorio Yanomami fue el más afectado.

“Los yanomamis enfrentan importantes desafíos en el acceso a la atención de salud debido a la presencia de mineros ilegales en sus territorios y a su aislamiento geográfico”, señala Maria de Fátima Ferreira-da-Cruz, de la Fundación Oswaldo Cruz, también coautora del estudio.

“Su territorio depende casi por completo del transporte aéreo, lo que, sumado a la dispersión de las comunidades, genera barreras para el control de la malaria y otras enfermedades”, añade.

Para Simão Farias Almeida, profesor de la Universidad Federal de Roraima, el estudio evidencia que la crisis yanomami de 2023 fue resultado de años de ausencia del Estado, alcanzando su punto más crítico durante el gobierno de Bolsonaro, “marcado por la supresión de políticas públicas y alineado con intereses de grupos específicos en detrimento de poblaciones vulnerables”.

El académico sitúa la minería ilegal en un contexto de policrisis política, económica, social, ambiental y sanitaria, lo que exige atención constante del Estado.

“La mejora de los patrones epidemiológicos de la malaria en la región tras la intervención del gobierno muestra que las estrategias de control ya existen y son conocidas por el poder público, pero falta voluntad política para ponerlas en práctica”, afirma.

“Para mantener los logros obtenidos desde 2023 es fundamental pasar de las medidas de emergencia a una estrategia de largo plazo, centrada en el fortalecimiento de la atención primaria de salud, la capacitación de los trabajadores comunitarios locales y la ampliación de la vigilancia”, añade Ferreira-da-Cruz.

“Eso depende de una financiación estable y un compromiso institucional sostenido, más allá de una cooperación transfronteriza con otros países amazónicos”, concluye la investigadora.