Ecuador: futuro incierto para ciencia y protección ambiental

Ciudad de México, México.

Las recientes decisiones del gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, que incluyen la eliminación de los entes gubernamentales dedicados a la ciencia y el ambiente, debilitará la investigación científica y permitirá más actividades extractivistas, advierten académicos y ambientalistas.

El 24 de julio, la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, anunció que, en aras de una mayor eficiencia gubernamental, serán despedidos cinco mil funcionarios públicos, se reducirá la cantidad de ministerios de 20 a 14 y de secretarías de nueve a tres.

El Ministerio de la Mujer se integrará al de Gobierno; el Ministerio de Ambiente se fusionará con el de Energía y Minas; y tanto la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) como el Ministerio de Cultura serán absorbidos por el de Educación, uno de los más grandes del país.

Para varias organizaciones científicas, grupos ambientalistas e indígenas, lo que está detrás de estas decisiones es un modelo económico que prioriza la productividad y no los derechos humanos, el derecho a la ciencia y al ambiente sano.

“El modelo económico que está buscando este gobierno es un modelo extractivista que se aleja de la garantía de los derechos de la naturaleza y de sus defensores”, señaló Natalia Greene, directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza.

“Sí era necesario aumentar la eficiencia gubernamental, pero subordinar la ciencia a la educación no aumenta la eficiencia, sólo diluye la importancia de la ciencia”, dijo a SciDev.Net María Claudia Segovia, coordinadora general de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (REMCI).

En un comunicado, la REMCI criticó que la eficiencia del Estado no puede construirse a costa de los derechos de las mujeres ni del futuro científico y ambiental de Ecuador. “La ciencia y la tecnología no son apéndices de la educación, sino pilares fundamentales del desarrollo sostenible y económico”, advirtieron.

Es una forma de debilitar la política pública especializada en investigación científica y la renuncia a una estrategia de desarrollo basada en el conocimiento, la ciencia y el talento humano, calificó la Universidad de Cuenca en un comunicado.

De acuerdo con Segovia, la fusión de Senesccyt pondrá en riesgo algunas de las iniciativas en las que había habido progreso, como los fondos internacionales para proyectos de investigación y becas, así como los esfuerzos para visibilizar los problemas de género dentro de la academia y los impulsos para la divulgación científica.

“Nos preocupa porque la fragilidad del sistema de ciencia y tecnología puede hacer que muchos procesos (para favorecer la divulgación de la ciencia) se vengan abajo”, dijo Sofía Cabrera, coordinadora de divulgación científica de la Escuela Superior Científica del Litoral, de Guayaquil, Ecuador.

Ventana para el extractivismo

Para la presidenta de la Fundación Pachamama e integrante del Panel Científico por el Amazonas, Belén Paez, estas decisiones son una forma arbitraria de hacer uso del poder, y calificó de absurdo y grave que los asuntos ambientales dependan de un ministerio con objetivos opuestos.

El Ministerio de Energía y Minas está encargado de la exploración energética y la extracción de petróleo, y ha jugado un rol importante para favorecer la explotación petrolera, incluso en contra de la sociedad civil, activistas y pueblos indígenas.

“No es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de extractivismo puro que afectará la condición de vida de los ecuatorianos (…) Se reducirá la transparencia, se pueden regalar licencias ambientales, violar derechos de la naturaleza e incluso evitar hacer consultas previas, libres e informadas”, dijo Paez.

“El agua y el aceite no se juntan. Si queremos comprobar que una concesión minera atenta contra la naturaleza, el agua, el territorio, y damos esta evidencia al ente que da las licencias, pero que también propone el proyecto, ¿quién nos garantiza la independencia?”, advirtió Greene.

Las ambientalistas también consideran que se pondrán en riesgo los avances del país en materia ambiental como la ampliación de corredores ecológicos o su iniciativa para lograr emisiones netas de carbono cero en 2050. Greene lamenta que Ecuador, siendo el primer país que reconoció los derechos de la naturaleza, ahora está dando pasos atrás.

Transparencia y vigilancia

Algunas comunidades científicas, universitarias y ambientalistas ya han hecho pronunciamientos públicos sobre los riesgos de estas decisiones para el progreso del país y proponen organizarse con el fin de fortalecer la vigilancia y transparencia.

Hay que vigilar que esta reducción en el aparataje gubernamental “no termine con lo que hemos avanzado, sobre todo, en nuestro caso, con las iniciativas que promueven la cultura científica en el país”, dijo Cabrera.

“Se viene un tsunami de decisiones arbitrarias por parte del gobierno con el pretexto de una mayor eficiencia y buen uso del dinero público. Por lo tanto, la sociedad civil, la comunidad académica, las universidades y los grupos indígenas debemos organizarnos a favor de la ética y la transparencia”, agregó Paez.

Y concluyó: “Si hay una reducción de recursos necesitamos saber para qué se usará ese dinero. ¿Será para mejorar la calidad de educación o la salud? ¿O para temas militares o de destrucción de ecosistemas? Nos toca vigilarlo”.

SciDev.Net contactó a fuentes del gobierno ecuatoriano para conocer su posicionamiento, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por: Aleida Rueda Vía SciDev.Net América Latina y el Caribe